Lo que el 2021 nos deja

Por Ernesto Liceda,
profesor de Derecho Informático y Delitos Informáticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP

Ernesto Liceda
Ernesto Liceda

Como siempre, la cercanía del final de una etapa nos lleva a analizarla en busca de las cuestiones positivas y negativas. En mi caso en particular, lamentablemente, suman más las segundas, por lo que espero que el 2022 ayude a equilibrar un poco la balanza. Más allá de cuestiones personales, y ya entrando en los temas que hacen a esta columna, entiendo necesario revisar algunos temas relevantes que vinculan el derecho y las TIC, particularmente en lo que hace al Poder Judicial.

Podríamos comenzar con lo atinente a la digitalización del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Ha quedado claro que, en la implementación y utilización de las TIC, la aceleración producida por la pandemia y el ASPO dio por tierra todos los supuestos planes. Dan cuenta de ello la enorme sucesión de acordadas y resoluciones de la SCBA que iban en un sentido u otro, y en algunos casos incluso en contra de lo dispuesto en el CPCyC PBA invadiendo competencias de otros poderes, y la libre interpretación de cada juzgado sobre cómo debía ser llevado adelante cada proceso.

Creo que si el sistema terminó cumpliendo en alguna medida su finalidad fue más por la tenacidad, voluntad y enorme esfuerzo tanto de los abogados de parte como de los empleados y algunos funcionarios (secretarios y jueces) más que por las virtudes del sistema en sí. Sobrados ejemplos hay de cómo fueron, cada uno en su ámbito de competencia, buscando soluciones alternativas para hacer frente a cada situación con la única finalidad de que el pueblo no se quedara sin acceder a la justicia. Hay mucho por trabajar, ya que quedó en evidencia, por ejemplo, la falta de conocimiento sobre la tecnología por parte de un importante sector del Poder Judicial y de algunos auxiliares de la justicia.

Ello llevó a un constante ir y venir en torno a la efectividad de diversos métodos de notificación (por whatsapp sí, por whatsapp no), sobre incorporación y peso de las pruebas digitales o digitalizadas, sobre la competencia territorial con respecto a algunos delitos, y más. Además, se generaron enormes dudas en torno a los criptoactivos y las blockchains. A mi modo de ver, no siempre para todo se necesita una norma positiva, muchas veces con entender un poco el funcionamiento de las cosas y su injerencia en las relaciones sociales alcanza para pensar soluciones rápidas y efectivas.

El 2021 me deja, al menos, la siguiente enseñanza: no estábamos preparados para la implementación de las TIC, más por desidia que por lo sorpresivo de la pandemia. No hubo grandes novedades en la implementación de tecnología, salvo que alguien crea que WhatsApp, Zoom, Microsoft teams y demás aparecieron en 2021, y sin embargo sus vínculos con el sistema judicial fueron un tanto caóticos. Un simple análisis prospectivo realizado previo a la pandemia hubiese evitado muchos de los conflictos que transcurrieron en estos trágicos años.